Créditos fiscales firmes:
una oportunidad que vence el 31 de octubre de 2026

Para determinadas empresas con créditos fiscales firmes, el Programa de Regularización Fiscal 2026 abre una alternativa que puede modificar de manera importante el costo de resolver un adeudo.

Un crédito fiscal puede permanecer durante años como una exposición fiscal relevante para una empresa. Durante ese tiempo, el monto originalmente determinado puede incrementarse por actualización, recargos, multas y, en determinados casos, gastos de ejecución.

En 2026 existe una circunstancia que merece ser evaluada antes de continuar administrando esa situación fiscal.

Una oportunidad que puede modificar el costo del adeudo

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 contempla un estímulo para determinados contribuyentes respecto de adeudos de ejercicios fiscales 2024 o anteriores relacionados con contribuciones federales, aprovechamientos, multas y cuotas compensatorias, conforme a los supuestos previstos por el programa.

El programa considera, entre otros elementos, que los ingresos totales del contribuyente en 2024 no hayan excedido de 300 millones de pesos. Sin embargo, éste no es el único requisito: existen otros supuestos y exclusiones que deben revisarse para determinar si un crédito puede acceder al estímulo.

Cuando un adeudo ha permanecido durante varios ejercicios, la decisión deja de ser exclusivamente tributaria.

El desembolso requerido para resolverlo, su efecto sobre la liquidez y el costo de mantener abierta una exposición fiscal también forman parte de la decisión empresarial.

¿Qué sucede si el crédito fue impugnado?

La situación adquiere una dimensión distinta cuando el crédito fiscal se encuentra relacionado con un medio de defensa.

El Programa de Regularización Fiscal 2026 establece condiciones específicas para acceder al estímulo cuando un crédito fue impugnado. Por ello, la existencia de una controversia requiere analizar previamente las implicaciones de modificar la estrategia jurídica seguida hasta ese momento.

Las circunstancias actuales de una empresa tampoco necesariamente son las mismas que existían cuando decidió controvertir el crédito.

Responderla requiere considerar la situación actual del adeudo, el estado de la controversia y las implicaciones fiscales, jurídicas y financieras de las alternativas disponibles.

No es únicamente un trámite ante la autoridad

La existencia de un estímulo fiscal no significa que todos los créditos puedan recibir el mismo tratamiento.

La firmeza del crédito, la existencia de medios de defensa, garantías, actos de cobro por parte de la autoridad y las características particulares del contribuyente pueden modificar el análisis.

Por ello, antes de iniciar cualquier gestión resulta necesario determinar si el crédito se encuentra dentro de los supuestos aplicables y evaluar las consecuencias que tendría para la empresa optar por la regularización.

En determinados casos, la decisión puede representar la posibilidad de cerrar una exposición fiscal que ha permanecido durante años. Sin embargo, el porcentaje del estímulo no debería ser el único elemento para tomar esa decisión.

Tratándose de créditos fiscales firmes determinados por la autoridad, la solicitud para acceder al estímulo debe presentarse a más tardar el 31 de octubre de 2026.

El tiempo disponible para revisar este tipo de asuntos comienza a reducirse.

Esperar hasta los últimos días puede significar tomar una decisión relevante sin contar con el margen suficiente para evaluar previamente sus implicaciones fiscales, jurídicas y financieras.

Si su empresa mantiene un crédito fiscal firme —o un adeudo actualmente controvertido cuya situación pudiera requerir una evaluación frente al programa—, éste es el momento para determinar si existe una alternativa antes de que concluya el plazo.

SNE Solución evalúa la situación fiscal y financiera del crédito y sus implicaciones empresariales, con el objetivo de determinar la viabilidad de las alternativas disponibles.

Cuando existe un medio de defensa en curso, el análisis puede coordinarse con los asesores jurídicos responsables de la controversia.